La Convención para la Prohibición de las Armas Químicas dispone la necesidad de establecer medidas nacionales de aplicación que aseguren el cumplimiento de las obligaciones contraidas en su virtud.

Estas medidas afectan al propio Estado y también a las instalaciones que operen o puedan operar con sustancias químicas sometidas a control.

Dichas instalaciones tienen dos obligaciones esenciales:

• Declarar a la ANPAQ sus actividades en relación con las sustancias químicas sometidas a control.
• Facilitar las operaciones de verificación e inspección a requerimiento de la ANPAQ