La presente consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha cambiado por completo el escenario de la economía mundial, que se enfrenta a una crisis sin precedentes. La disrupción de las cadenas de valor internacionales, las restricciones a la oferta de ciertas actividades y la caída de la demanda por las necesarias medidas de distanciamiento físico y restricción de movilidad han llevado a una recesión sin precedentes en buena parte del mundo.

En paralelo con la expansión de la pandemia, la actividad económica ha ido pasando por diferentes fases en las distintas zonas geográficas y países, con un epicentro que se ha desplazado desde Asia hacia el continente americano tras golpear intensamente los países europeos en la primavera de 2020.

Como consecuencia de las medidas de contención de la pandemia, la economía europea entró en una profunda recesión en la primera mitad de este año, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Según estimaciones de la Comisión Europea, la economía de la zona euro ha operado entre un 25% y un 30% por debajo de su capacidad durante el periodo de confinamiento más estricto. Se espera que el PIB de la zona euro se contraiga el 8,7% en 2020, antes de recuperarse a una tasa de crecimiento anual del 6,1% el próximo año.

En el caso de España, el impacto económico y social ha sido particularmente intenso desde mediados de marzo, debido a las medidas de contención adoptadas y al importante peso de los sectores más directamente afectados. En línea con el resto de Europa, las previsiones apuntan a una evolución en forma de V asimétrica: tras la caída del PIB del 5,2% en el primer trimestre y del 17,8% en el segundo, se prevé una progresiva recuperación hasta finales de año que permita recuperar la senda de crecimiento en 2021.

Todas las previsiones están marcadas por la incertidumbre. El impacto de la crisis de la COVID-19 vendrá determinado esencialmente por la duración y el impacto estructural de las medidas de respuesta sanitaria en todo el mundo, por la intensidad de la reactivación de la actividad y el empleo a nivel internacional en el segundo semestre de 2020 y por el crecimiento real y potencial que se alcance a partir de 2021.

El impacto negativo de la emergencia sanitaria agravará algunos de los importantes desequilibrios que lastran la economía española desde hace décadas: alto desempleo de carácter estructural, con especial incidencia sobre los jóvenes; una marcada precariedad laboral, que ahonda en las fuertes y crecientes desigualdades sociales; un nivel alto de deuda unido a un problema estructural de déficit público; un bajo nivel de inversión en innovación y formación continua, una baja productividad de los factores productivos, una escasa atención a los efectos medioambientales de la actividad económica; un sector industrial y de servicios poco adaptado a las nuevas tecnologías y con limitada integración de los riesgos y oportunidades de la descarbonización en sus estrategias empresariales; un ecosistema de empresas de muy pequeño tamaño con dificultad para crecer y aprovechar todas las ventajas de la integración europea y grandes brechas de desigualdad interterritoriales.

La magnitud del desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. A corto plazo, proporcionando con la política monetaria y fiscal un marco de financiación adecuado para las respuestas nacionales, protegiendo el buen funcionamiento del mercado común para que todas las empresas puedan operar en las mismas condiciones, y desarrollando protocolos comunes de seguridad y salud. A medio plazo, poniendo en marcha un ambicioso Fondo de Recuperación y Resiliencia, a la altura de lo que precisa el proceso de reconstrucción de las economías en el mundo post-COVID, a partir de 2021.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno se estructura en torno a CUATRO EJES TRANSVERSALES que vertebrarán la transformación del conjunto de la economía y que el Gobierno ha situado desde el principio en el centro de su estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

El apoyo a la difusión de los procesos de digitalización tendrá un rol esencial en la consecución de los objetivos del plan. Serán evidentes los efectos sobre la productividad, el crecimiento y la creación de empleo, además de las mejoras de bienestar y de acceso a productos y servicios, tal y como señalan diversos estudios. Según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2018), en los países de la CESCE, un incremento del 1% en la intensidad de digitalización del país supone un aumento del PIB per cápita de un 0,14%. En España un reciente estudio de Deloitte muestra que una mejora de 10 puntos en el índice DESI supondría un aumento promedio de un punto al PIB per cápita real de España. La puesta en marcha de proyectos relacionados con la transformación digital requiere de la accesibilidad de recursos financieros para las empresas. No obstante, el actual escenario económico no favorece que la pequeña y mediana empresa y la microempresa dispongan del acceso a la financiación que necesitan para
desarrollarse y crecer, para incrementar su productividad y digitalizarse y, en última instancia, para competir en los mercados internacionales. Resulta necesario, por tanto, dentro del ámbito de la Secretaría General de Industria y PYME, aprobar unas bases reguladoras para la financiación de actuaciones industriales dentro del ámbito de la Industria Conectada 4.0 realizadas por el sector manufacturero que permitan la necesaria adaptación y crecimiento de las empresas en un entorno de transformación digital.

Es urgente apoyar la modernización del tejido industrial, impulsando su internacionalización, la renovación del capital tecnológico, su adaptación a la transición ecológica, y su digitalización.

Se debe impulsar una Transformación Digital inclusiva y sostenible, sustentada en infraestructuras y servicios que sitúen en el centro a las personas, abran nuevas oportunidades para empresas, reduzcan las distintas brechas digitales e impulsen tecnologías fiables que fomenten una sociedad abierta y una economía dinámica y sostenible, y que contribuyan a una soberanía digital europea acorde a nuestros valores.

La ciberseguridad, la economía del dato, la inteligencia artificial, la robótica avanzada y otras tecnologías digitales habilitadoras son vectores estratégicos para impulsar la segunda oleada de digitalización en España.

En el contexto actual es necesario establecer políticas activas de impulso a la digitalización de nuestro sector productivo con apoyos diferenciados a las PYMEs y a las grandes empresas con el objetivo de poder acompañar adecuadamente a ambos entornos según sus necesidades.

La norma regulará la concesión de préstamos y subvenciones a proyectos en el ámbito de la Industria Conectada 4.0 desarrollados por empresas industriales.

El pasado 21 de julio se alcanzó un histórico acuerdo en el Consejo Europeo para movilizar en respuesta a esta situación excepcional 750.000 millones de euros, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, que junto a los 1,074 billones del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 permitirá abordar un volumen sin precedentes de inversiones en los próximos años.

La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad extraordinaria para nuestro país, comparable a los procesos de transformación económica producidos a raíz de la incorporación a las Comunidades Europeas en los años 80 o la creación del Fondo de Cohesión europeo en mitad de los 90. Permitirá no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización de nuestra economía, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social. Se pondrán en marcha transformaciones y reformas estructurales dirigidas a la transición hacia una economía y sociedad climáticamente neutras, sostenibles, circulares, respetuosas con los límites impuestos por el medio natural y eficientes en el uso de recursos.

Es necesario actualizar los marcos de apoyo actuales por otros que permitan una gestión adecuada de los Fondos de Recuperación y que articulen las políticas definidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo fundamental de esta norma es regular el apoyo a las empresas industriales que permita la transformación digital de sus procesos de producción y organizativos y que contribuyan a reforzar su competitividad y a favorecer el desarrollo de la industria.

Constituye otro objetivo la adecuación de los tipos de apoyos al tamaño de la empresa distinguiendo entre PYMEs y grandes empresas para favorecer la transformación digital de ambas.

En un contexto de crisis global derivada de la pandemia de la COVID-19, es necesario el estímulo de la inversión industrial desde todos los ámbitos, en este caso desde el sector público, para poder canalizar los Fondos Europeos con el mayor rigor, transparencia y accesibilidad a todas las empresas del territorio nacional.

La combinación de financiación de subvenciones a fondo perdido justo con préstamos con interés cero se considera un instrumento óptimo para apoyar a las empresas en sus procesos de adaptación a los retos de la Industria Conectada 4.0

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado.

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